OTRAS NOTAS DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2013

De la Cooperativa:

            A consecuencia del despido injustificado de los señores Wilfredo Arturo Serrano Mérida, Sub-gerente y César René Velásquez Argueta, Jefe del Departamento de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Inmaculada Concepción R.L., se han venido dando una serie de circunstancias que han conmocionado y alterado la tranquilidad de esta institución nacida en la década de 1,950 y fundada por el Hermano de la Congregación Maryknol Félix Fournier.

            El despido fue obra de los señores miembros del Consejo de Administración recientemente electos, Edgar Benjamín Herrera Ríos, Mario Rodrigo Taracena López y José Emilio González Hernández que, en contra de los otros dos integrantes de dicho consejo, se “saltaron las trancas”, no siguieron el procedimiento legal establecido por el estatuto, reglamentos internos, Código de Trabajo y demás leyes laborales de Guatemala, tomaron dicha decisión ya impugnada por los trabajadores afectados y repudiada por los asociados que conocen el trabajo de 23 y 13 años de ambas personas.

            Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de esta institución que cuenta con mas de 50,000 asociados, señores Marlon Vinicio López Castillo, Carlos Santiago Calderón y Miriam Bernarda López López, después de realizar la primera investigación exhaustiva, han dictaminado lo arbitrario del despido porque no se llenaron los requisitos administrativos y legales y están acordes con una reinstalación inmediata.

            Por su parte, asociados de la Cooperativa. están solicitando una Asamblea Extraordinaria, porque además de lo inusitado e ilegal de este despido, desean que se investiguen gastos que consideran lesivos a la institución, ilegítimos (que podrían considerarse como dilapidación de fondos pertenecientes a los asociados) y afirman que no están dispuestos a pagar por los errores crasos de integrantes de un Consejo de Administración obviamente dividido, que está ocasionando preocupación entre miles de asociados.

            Se afirman varias cosas: Que la guadaña utilizada para cortar estas cabezas seguirá su desafortunada acción en contra de otros empleados y que, los otros directivos, que tienen responsabilidad solidaria y mancomunada ante los asociados y terceros, deben poner sus barbas en remojo.

            Se recuerdan, en fin, de que cualquier socio puede ser expulsado cuando viole los estatutos, reglamentos y demás disposiciones legales de la Cooperativa, así como cuando actúe en contra de los intereses de la institución. También se pide que los integrantes del Consejo de Administración que ocasionan este supuesto desastre, paguen de su propio peculio los gastos indebidos, si es que realmente se demuestra que los hay.

            Pocos, con actitudes nocivas, pueden hacer terrible daño a muchos asociados de una gran cooperativa huehueteca.

Entorpecimiento en obras:

            Dos obras que se estaban efectuando, vitales para el desenvolvimiento, desarrollo social y progreso del Departamento, a cargo de instituciones gubernamentales, se han detenido por falta de fondos en el Ministerio de Finanzas.

            Se trata específicamente del pavimento total de la 3ª calle de la zona 9 que conduce al INTECAP y del remozamiento, ampliación y pavimentación del tramo carretero Huehuetenango-Chiantla.

            El primero se inició bajo la responsabilidad de FONAPAZ, entidad que fue clausurada por el Gobierno Central por corrupción y cuyos compromisos pasaron a cargo del Ministerio de Desarrollo. El segundo, Huehuetenango-Chiantla, se comenzó bajo los auspicios  del Ministerio de Comunicaciones.

            Ambas obras, que están inconclusas, ocasionan problemas al vecindario porque a consecuencia de las intensas lluvias, se han deteriorado a tal extremo, que representan un alto riesgo para quienes por ahí transitan obligadamente. Las instituciones gubernamentales a cargo se quedaron sin fondos por lo que los trabajos se han detenido.

            El Alcalde Municipal de Huehuetenango, don Augusto Gómez Sosa, imposibilitado de “meter las manos”  por cuestiones contractuales, hace lo que puede pero solo para paliar la situación y promover, con gestiones puntuales, que las obras continúen lo mas pronto posible. Es el Gobierno Central quien tiene la última palabra.