FISCAL GENERAL

            Los plazos para el desempeño de una función tan importante en el entramado jurídico de Guatemala como lo es el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, están establecidos y determinados en la Constitución de la República; por ello el inicio del período de cuatro años para el siguiente Fiscal, está establecido para el mes de Mayo próximo conforme a una sentencia definitiva de la Corte de Constitucionalidad.

            El Ministerio Público es una entidad trascendental autónoma y muy importante que se rige por su Ley Orgánica, Decreto 40-94 del Congreso de la República de Guatemala; “es el órgano de la persecución penal en el País y es presidido por el Fiuscal General y Jefe del Ministerio Público, con funciones autónomas de rango constitucional”.

            Debe investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confiere la misma Constitución.

            Precisamente porque sus funciones se convierten en un pilar básico para la impartición de justicia es que ¡Nunca! ¡Jamás! Se debe permitir que pudiese ser nombrado ¡Otra vez¡ un Fiscal General que pudiera pertenecer, tener inclinaciones claras o ser proclive a una tendencia política determinada. Si se nombra, una vez más, a un profesional que tenga aunque sea, “simpatías” por determinada facción política o creencia religiosa, los ciudadanos guatemaltecos que no pertenezcan o no simpaticen con las inclinaciones del Fiscal, vivirán en riesgo permanente. ¡Y eso, no debe ser!

            El período de la Fiscal, que está por terminar, ha sido calificado de mil maneras por distintas agrupaciones; pero es obvio que quienes mejor la califican son los representantes de los países nórdicos, que por muchos años han financiado desde ONGs izquierdistas hasta movimientos guerrilleros, organizaciones de campesinos, trabajadores de todo tipo y mini-grupos que dicen ser representantes de la sociedad civil (con el denominador común de desestabilización social), hasta, últimamente el Exembajador gringo que la nominó como la mejor “socia” de su gobierno (gobierno que premió a la juez que persiguió y condenó ilegalmente a dos militares, por el simple hecho de serlo); y todas estas expresiones favorables a dicha gestión, no han hecho más que corroborar la inclinación política de la Fiscal que se ha postulado nuevamente.

            El Presidente de la República, que al final será quien nombre al próximo funcionario, como representante de la unidad nacional,  debe designar a un profesional idóneo, que cumpla el perfil profesional y humano que se requiere, sin vocación política partidista de ninguna índole y menos con nexos filosóficos perversos.

            De ese nombramiento dependerá una investigación delictiva honorable y justa, así como una persecución penal libre de sesgos innobles. Guatemala requiere de justicia, JUSTA.