CC.:

“La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia”; esto es lo que dice la Constitución de la República al respecto.

Es obvio que quienes sean electos para ocupar estas magistraturas, tienen necesariamente que ser profesionales con por lo menos 15 años de experiencia profesional,  dignos, honorables, con reconocido prestigio e idoneidad y seguramente, destacados profesionales constitucionalistas; y tiene que ser así porque van a ocupar magistraturas en el máximo tribunal constitucional del País, cuyas decisiones prácticamente son irrevocables.

De este Tribunal se espera lo mejor; determinaciones justas, apegadas totalmente a derecho y a la Constitución y sobre todo docentes para el foro guatemalteco y toda la ciudadanía; de esos fallos que sientan jurisprudencia auténtica, evitando embrollos jurídicos en el futuro.

Sin embargo por la composición actual de la CC, incluso los legos en materia judicial, nos hemos visto desagradablemente sorprendidos por algunas determinaciones contradictorias que lejos de ser educativas y eminentemente jurídicas, dejan mucho que desear en cuanto a idoneidad, legalidad y justicia.

Lo estamos palpando en las últimas decisiones que tienen que ver con el antejuicio solicitado para despojar del derecho de antejuicio a quien actualmente ocupa el cargo de Presidente de la República; dependiendo de quienes integren el máximo tribunal constitucional a la hora de sentenciar, así es como se “cocina” la decisión.

Es un hecho que en dicha Corte existen dos tendencias políticas: 1) Quienes están a favor de que todo en Guatemala siga igual como hasta ahora y 2) Aquellos que quieren que se dé un cambio total en las estructuras políticas corruptas de este País.

          A raíz de la elección del exMagistrado Alejandro Maldonado Aguirre como Vice-Presidente de la República, entre los Magistrados titulares se dio un empate entre las dos corrientes y dependía del Magistrado suplente que se llamara, porque, según él se alineara, así se  daba la sentencia a considerar; ahora el Congreso ha electo a Manuel Reginaldo Duarte Barrera (coincidentemente el señor dirigía el Departamento Legal del Congreso) y según el consabido escepticismo  chapín, ya lo alinean con el grupo de los “conservacionistas”; si esto es así, ya sabríamos con antelación de qué manera se darán las sucesivas sentencias de la ya no tan reconocida ni prestigiosa CC. Podríamos entonces afirmar, para comenzar, que por esta estrategia, el Congreso votará en contra del Presidente para “lavarse la cara” mientras la CC jamás despojará al actual mandatario de su inmunidad; esto es, de su derecho de antejuicio. Mucho menos tendremos sentencias favorables a que se den cambios sustanciales en el devenir político inmediato; dicho de otra manera: llegaremos a las elecciones programadas para el 6 de Septiembre y obtendremos los mismos resultados.

Probablemente por el pesimismo que nos invade ante lo que vemos que pasa, estamos adelantando algo que ojalá no ocurra; estamos especulando sobre la futura actitud de alguien que, a lo mejor, nos dará una lección de honorabilidad y consecuentemente un “tapa-boca” y sinceramente deseamos que así sea.

Porque de lo contrario todo lo que se ha hecho para limpiar el camino, habrá sido inoficioso y cruzaremos la frontera del 2,015 con algo peor de lo que ahora nos abate.  

¿QUE ESPERAMOS?

Se ha hablado mucho del respeto que todos le debemos a la institucionalidad del País y que por lo tanto es algo intocable e inquebrantable ante cualquier circunstancia que se presente y algunos se preguntan ¿De qué institucionalidad hablamos?

Es un hecho que si hablamos de no violar la Constitución de la República nos encontramos ante un embrollo monumental porque la letra muerta de este “pacto colectivo” lo vienen mancillando las principales autoridades de la República desde hace mucho tiempo; si no lo creemos, veamos tan solo lo que dice el artículo 1º : “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.

Señores, solo para comenzar, ¿el Gobierno de la República ha cumplido con el primer párrafo constitucional? La respuesta es un rotundo NO. Cada día asesinan a un promedio de 16 guatemaltecos y sus familias quedan en el más absoluto desamparo; ¿Qué podrían decir al respecto la familia de cada uno de los pilotos del servicio urbano que han muerto violentamente a causa del delito de extorsión que ha rebasado la capacidad de este gobierno? De ese respeto a la Constitución hablamos?

El artículo 2º de la Carta Magna dice: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas”.

Preguntamos ¿Se nos ha garantizado algo de lo que aquí se afirma durante los últimos años? Y la respuesta tiene necesariamente que ser otro rotundo NO; y no es que nosotros queramos inclinar la balanza en cierto sentido; es que nos remitimos a la experiencia de vida de cada uno de los ciudadanos de este País.

Los actos violatorios a la Constitución se dan todos los días y ninguno pone el grito en el Cielo; como que ya nos acostumbramos. Pero si se trata de hablar de un cambio radical en el sistema político nacional, el griterío es abrumador porque “dignatarios”, empresarios corruptos, funcionarios, sindicalistas, partidos políticos y un largo etcétera, si es que se suspenden las elecciones, si se aprueban reformas totales en algunas leyes, principalmente en la electoral y de partidos políticos, perderían los privilegios que los enriquecieron durante tanto tiempo y les dieron el poder que todavía ostentan; si hablamos de estos cambios radicales, los interesados gritan en defensa de la institucionalidad (tan mancillada y tan pisoteada) y sacan a relucir “el dichoso golpe de Estado” que le para el pelo a medio mundo.

El Dr. Jorge Mario García Laguardia, constitucionalista experto y defensor acérrimo de los derechos humanos ha expresado que el único camino es promover un gobierno de transición que solucione todos los entuertos y nos permita transitar por una democracia auténtica.

Reiteramos la afirmación de Albert Einstein: “Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes”.