HOSPITAL CUESTIONADO:

Se vienen dando en la ciudad de Huehuetenango una serie de señalamientos en contra de un centro hospitalario privado contratado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

                       El año anterior, cuando las cosas no estaban funcionando bien en este sanatorio, porque ya existían denuncias de  trato inadecuado a los usuarios, principalmente del IGSS, entre los que se contaban: mala atención desde el ingreso al edificio, deficiencia plena en el tratamiento de las dolencias hasta mala práctica médica causante de la muerte de algunas personas, se me solicitó, por parte de algunas personas, que interviniese ante el Gobernador Departamental para que el funcionario actuara para que no se prolongara el contrato a dicho hospital.

                       Yo cumplí con la solicitud, le trasladé la petición verbalmente y me contestó que haría lo posible. Es posible que haya actuado, pero es posible que no tuviera la oportunidad porque entiendo que dichas contrataciones solo las manejan ciertos funcionarios por razones obvias.

                       ¿Qué ocurrió entonces? Que durante este año las cosas, en lugar de mejorar, fueron empeorando en esas instalaciones y hay mucha gente que los acusa de mil cosas. La peor de ellas, ha sido la muerte de una joven madre primeriza de 22 años que, afirman, murió desangrada por muy mala práctica en el momento del parto que, conforme a los ultrasonidos presentados, pintaba como una cosa absolutamente natural y que concluyó en rotura de costillas, cesárea con fisuras en otros órganos que le provocaron desangramiento que parece ser la causa final del fallecimiento.

                       Los familiares de la joven, en su búsqueda de justicia, han solicitado el apoyo de la agencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Huehuetenango que se los ha dado; pero están pretendiendo también que sea el Ministerio Público, como ente investigador y de persecución penal, haga lo que tenga que efectuar para encontrar el camino hacia la búsqueda de los responsables, si es que los hay, de esta supuesta mala práctica médica que podría convertirse en un homicidio culposo.

                       No consideramos que probar un delito sea una misión fácil para los entes que se deberán involucrar en ello por razón de su deber constitucional, pero es hora de que, antes de rasgarse las vestiduras ante un posible fracaso, se coloque el overol de su institución y trabajen duro para encontrar la verdad de los hechos y todos quedemos tranquilos sobre que ellos, hicieron hasta lo imposible por cumplir con su deber.

                       Eso y no otra cosa, es lo que todos esperamos.