PNC-MP-OJ
Tal parece que fueran las letras que identifican a un tridente desconocido y amenazante; perturbador y poderoso; misterioso y nefasto; pero no; son las iniciales que identifican a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público y al Organismo Judicial, las entidades estatales que, de común acuerdo, debieran trabajar decididamente para erradicar el crimen de Guatemala.
La mayoría de los sucesos que presentamos en este informativo provienen de los reportes que la PNC, en los cuales se indica que los casos pasan a jurisdicción del Ministerio Público o que un Juez se hace cargo de ellos. Tal es el enlace que existe entre los tres entes mencionados.
Pero, conforme a las constantes denuncias que se escuchan aquí y en el resto del País, no existe ni comunicación ni mucho menos colaboración entre las entidades.
Una de las quejas mas comunes provenientes del MP es que la Policía ha permitido la contaminación de la escena del crimen o que los partes que los policías escriben o no se entienden o están elaborados tendenciosamente; por lo tanto es difícil trabajar en estas condiciones.
La Policía afirma que en la mayoría de los hechos delictivos solo ellos acuden y que tanto el MP o integrantes del Organismo Judicial o no llegan o lo hacen muchas horas después. Los vecinos, sin embargo, están de acuerdo en que los miembros de los tres entes, acuden con muchas horas de retraso a la escena del crimen. Han existido casos en que cuando aparecen, los actores de un crimen están en la morgue o en la Emergencia de un Hospital a donde fueron trasladados por los Bomberos o personas particulares. Tal pareciera que en algunos casos, el temor impera ante el cumplimiento del deber; pareciera que están mas preocupados por su integridad física que por el cumplimiento del deber al cual se comprometieron en el momento de asumir la responsabilidad por la cual cobran.
Desde Policías o Jueces provinciales hasta el Director de la tan publicitada CICIG (que de acuerdo con las expresiones de prominentes juristas guatemaltecos es un verdadero fiasco), la “justicia” guatemalteca no funciona porque las entidades aquí mencionadas no se comunican ni colaboran entre sí para nada; los porcentajes de crímenes y delitos que llegan a juicio o/y que reciben sentencias, son absolutamente mínimos.
Lo menos que podríamos pedir entonces, ante el evidente avance del crimen común y organizado y el estado de indefensión de la gente honrada, es que cumplan con su obligación conforme lo que estipula la ley y sus propios códigos y reglamentos; que si debe existir colaboración entre sí que la pongan en práctica sin remilgos y pensando solo en el bienestar del pueblo de Guatemala.
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