DE ILEGALIDADES

Algo quedó escrito la semana anterior con relación a los resultados de la última revisión practicada por el personal de la Agencia de la Contraloría General de la Nación en la Tesorería Municipal de Huehuetenango en los cuales se especifican 22 reparos o “hallazgos” como les llaman ahora, que no son sino irregularidades, faltas o delitos cometidos por funcionarios encargados del manejo de la cosa pública.
No se puede decir nada favorable, aunque queramos, del desorden increíble en que los contralores han encontrado el movimiento financiero municipal en el período auditado que corresponde a la “administración de Danilo Angel” que, con ínfulas de cambio, ha hundido al municipio en la peor crisis de su historia.
De falta de registros importantes, desaparición de folios y documentos, créditos millonarios sin respaldo documental y legal, hasta evidente malversación de fondos y una “diferencia de menos” de cuatro millones de quetzales, esta auditoria común y corriente deja a la actual corporación municipal en una difícil situación que los desacredita aún mas ante la opinión pública local y nacional, que ahora ya tiene una idea mas certera de cómo los “señores del cambio” en Huehue. entraron supuestamente “a saco”, a esta institución que hoy no puede responder ni siquiera al pago de mensual de los asalariados, mucho menos tendría fondos para obra municipal o cumplir otro tipo de compromisos.
Los involucrados en esta lamentable situación han gozado ya del tiempo otorgado por los contralores para desvanecer los “hallazgos” o reparos; lo único que sabemos es que alguno o algunos, a título personal, han elaborado simples cartas con las que pretenden justificar su actuación dentro de la corporación municipal; pero estas simples notas no sirven para nada; lo que aquí se necesita son pruebas documentales que expliquen, aclaren, justifiquen y en fin, desvanezcan el embrollo que han causado por ignorancia, incapacidad o por, como se sospecha multitudinariamente, DESHONESTIDAD. Las pruebas que aporten, siempre que no caigan en los delitos tipificados por el Código Penal en los artículos del 321 al 327, deberán dejarnos saber lo que ellos esgrimirán como apoyo a “su inocencia”.
Pero esta semana también han aparecido documentos oficiales en donde los honorables munícipes, sin siquiera detenerse a meditar sobre que las finanzas municipales están en quiebra, cosa de la que ellos han hablado hasta la saciedad, han seguido cobrando religiosamente sus dietas (Q.500.00 por sesión), aprovechándose inmoralmente de sus puestos, hasta el punto de autorizar el pago de dietas también, para personas que no están contempladas en el Código Municipal. Este renglón ya es millonario en la actual “administración”.
Ojalá que estos y otros “hallazgos”, incluyendo las supuestas obras de agua potable en trámite, sean motivo de análisis y estudio profundo por parte de las autoridades, COCODES y COMUDE que legalmente debieran hacerlo, para deducir responsabilidades administrativas, civiles y penales, si es que las hay, para aclarar totalmente esta situación anómala a todas luces.